Referéndum y Grecia

Habiendo pasado ya los trámites en el Congreso y el Senado, pocos pasos restan para que de forma efectiva la reforma constitucional quede firmada. Según distintas encuestas, hay un amplio acuerdo social respecto a las cláusulas del cambio, no así en los modos, sin embargo; es decir, que la sociedad respalda que PSOE y PP se pongan de acuerdo en materia económica pero rechazan la ausencia de consulta sobre la conformidad con el nuevo texto del artículo 135 de la Constitución Española. Yo no estoy acuerdo ni  con el fondo ni con las formas.

Me opongo en tanto en cuanto es un cambio que consagra un modelo económico, el neoliberal, que choca de manera frontal con uno de los principios rectores e inspiradores de nuestra Carta: la de constituirnos en "Estado social y democrático de Derecho" (art. 1 CE). La doctrina, o doctrinas, neoliberal(es) sin duda confrontan de manera directa con aquella visión de organización política como Estado del Bienestar, abandonando cualquier presupuesto social y/o solidario en favor del cálculo del beneficio económico individual y egoísta, base del pensamiento capitalista. Este 'leitmotiv' neoliberal tiene su plasmación más clara, a mi entender, en su apartado 3º, donde establece que la prioridad absoluta del pago de la deuda pública será a los acreedores de la misma. ¿Quiénes son éstos? Los bancos, obvio.

"[Nuevo] Art. 135. 3 El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".

Tal y como está conformado el mapa financiero europeo, es la gran banca la única que puede aportar liquidez a los Estados, relegando al papel de espectador (neoliberal) al BCE, cuya única preocupación, parece ser, es controlar la inflación, lo cual, dadas las circunstancias, parece tema de poca entidad y menor prioridad. Todo ello significa que se ha promovido una reforma que establece una suerte de concurso de acreedores donde el acreedor privilegiado resulta ser la banca, relación superior que garantiza constitucionalmente la protección de los intereses de ésta, o lo que es lo mismo, del sector especulativo.

Si lo que se pretendía con la inclusión de dichas nuevas cláusulas era buscar estabilidad (además de que en buena técnica constitucional resulta absurdo pues con una ley ordinaria hubiera bastado, creo), era innecesario, ya que el actual articulado presenta esta idea mediante su artículo 40, sin ir más lejos:

"1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo [...]".

Pero claro, se trataba de proteger al máximo dichos intereses financieros con la pretensión de eliminar el "progreso social" y la "distribución equitativa". No obstante, sobre este atentado al principio social pueden ilustrar mucho mejor otros economistas críticos, de los cuales es posible leer algunos artículos pinchando aquí, aquí, aquí también o por ejemplo aquí. 

No me atrevería a decir "por encima de" dado lo grave de la situación, pero sí que junto a estas traumáticas vicisitudes económicas y sociales se halla la cuestión política de la reforma. Negociada de forma unilateral entre el Partido Popular y el Partido Socialista, esta reforma de enjundia (de calado, que diría alguno de nuestros más afamados políticos) ha sido tramitada de manera urgente y sin debate alguno, de forma cuasi alevosa. Negociada a oscuras (estricta nocturnidad), sin luz ni taquígrafos, en definitiva, todo un ejemplo de buena praxis democrática, se entiende. Y a todo este arrebato sectario parlamentario se le ha unido la cuestión antes comentada de la ausencia de consulta al pueblo, vocablo éste denostado y desterrado de nuestro vocabulario. Efectivamente, en cuanto a la técnica de reforma (y no a una reforma técnica, como diría Sáenz de Santamaría) no cabe reproche alguno, pues ha sido ajustada a legalidad. Mas, como ampliamente ha sido dicho, el artículo 167. 3 posibilitaba la opción de someterla a referédum cuando así lo soliciten "una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras". Eran necesarios 35 parlamentarios, 35 ciudadanos que no quisieron dar el paso valiente.

A diferencia de otras ocasiones (de escasísimas ocasiones, por cierto) el presidente Zapatero no pensó necasario consultar a los ciudadanos, como sí propuso para la aprobación de la Constitución Europea en febrero de 2005, como bien trajo a colación Ignacio Escolar en su columna de Público, extremo [el del refrendo] que "tampoco era obligatorio. "Queremos que la gente opine porque queremos contar con la ciudadanía", explicaba entonces Zapatero para justificar la convocatoria de aquel referéndum. "Los españoles tienen ganas y derecho a ser de verdad los titulares últimos de la Constitución proque es en el pueblo donde reside la fortaleza de la unión política y de la democracia"". (Ignacio Escolar, "#yoquierovotar", 1/09/11, Público). ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Muchas cosas, entre ellas que en esta crítica situación no hay lugar para la demagogia barata y el histrionismo bonachón practicados con asiduidad por Zapatero como forma de actuación gubernamental. Así las cosas, no está demás recordar que, como concluía Escolar dicho artículo, "la democracia también es para el invierno", estación que rima con Averno, dándome a mi por pensar que algunos establecen siniestras relaciones entre democracia e infierno.

Aún con las razones económicas esgrimidas, peregrinas pese a lo machaconamente repetidas, la democracia, o el ejercicio y disfrute de la misma, no se limita, o no debería hacerlo, al voto cada cuatro años y a la elección de las opciones de alternancia (que no alternativa, no hay que llamarse a engaño). La implicación en la vida pública ha de ser continua y se ha de contar con el pueblo y escucharle, y una manera de prestarle oídos es a través de un referéndum. Me temo que cuando un polítíco no quiere contar con la opinión de la ciudadanía es porque tiene miedo a ser rechazado y compelido a cambiar de orientación, lo cual supondría, entiende el pobre servidor público, reconocer la derrota. Y tal y como se ha de contar con el pueblo, éste tiene que comprometerse; más triste resulta aún ver cómo la negativa de los políticos a someter su decisión al refrendo popular, a empobrecer en definitiva la democracia, es aplaudida por un elevado número de ciudadanos cómplices, los cuales entienden la democracia igual que estos políticos que tanto dicen denostar. Se comportan como absolutos idiotas, en el sentido más clásico y helénico (otra vez mentamos a Grecia, por algo será) del término.

No tenía pensado escribir ya artículo alguno sobre este tema, pues ante la actualidad apisonadora este asunto parece quemado, por más que él sea el incendiario. Sin embargo, he leído un artículo que me ha perturbado, sinceramente, y ha provocado que escriba estas líneas que tanto me apetecían. Firmaba el señor Peces-Barba, don Gregorio, en El País un elogioso escrito sobre las innumerables virtudes del candidato Rubalcaba, joven valor de la cantera psocialista, por las cuales merece nuestra confianza, así como sobre el cuento de la venida del lobo disfrazado de gaviota, recomendación recurrente del argumentario cuando escasean las ideas. Y entre esas líneas zalameras, un párrafo iba dedicado a "los jóvenes indignados", los cuales "tienen tan alta opinión de sí mismos que no respetan el pluralismo ni otras opiniones diferentes, y  que, con una soberbia desmesurada, creen que pueden partir de cero y reinventar una democracia asamblearia, sin partidos ni elecciones por sufragio universal". (Gregorio Peces-Barba, "Los indignados y la democracia", 13/09/11, El País). Es decir, que la utopía hay que convertirla en imposible, dado que el sistema es inmutable, rígido, inalterable... perfecto.

Muchos de esos jóvenes soberbios e intolerantes se quedan antes de tan maravillosos sueños políticos expuestos por el prestigioso jurista y claman contra la inexorable pérdida de soberanía popular, reclamando, por tanto, más formas de participación  política que no se circunscriban a emitir un voto cada 'x' tiempo y a casa, muchas de las cuales, a más inri, están contempladas en esa que creíamos sacrosanta Constitución, tales como los referédums, las iniciativas legislativas populares, las listas abiertas, la democracia interna en las formaciones políticas, la elección de cargos públicos además de políticos, etc., por citar tan sólo algunos ejemplos. Propuestas que no reinventan en absoluto la democracia, sino que son propias de países con honda tradición democrática; ideas que la refuerzan, que la asientan. Es el deseo de consolidar nuestra democracia. Y esta reforma es buen reflejo de la obstinada lucha de las élites por arrebatar el poder al pueblo, que no es sino secuestrar la 'demos' (pueblo)- 'krátos' (poder, gobierno), bellísima palabra de origen griego. Sí, Grecia.